El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, luego de ser formalizado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. El tribunal determinó que su libertad representa un peligro para el éxito de la investigación.
El juez Daniel Urrutia sostuvo que el exparlamentario habría utilizado recursos públicos para fines personales mediante una estructura de financiamiento irregular ligada a la plataforma “Social Task”, proyecto que —según la resolución— era controlado por el propio Lavín León y financiado con fondos del Congreso.
La investigación apunta a que entre 2019 y 2025 se desviaron más de $100 millones a través de gastos operacionales vinculados a la empresa Modo 74, recursos que habrían sido utilizados para el desarrollo y comercialización del software con fines políticos.
Además, la resolución judicial menciona pagos relacionados con personas de su entorno cercano, incluyendo a Cathy Barriga y Joaquín Lavín Infante, junto con facturas por servicios que, según Fiscalía, nunca se realizaron.
El tribunal concluyó de manera preliminar que la plataforma habría sido utilizada para obtener y gestionar bases de datos electorales con fines de campaña política, razón por la que se ordenó el ingreso inmediato de Lavín León a un recinto penitenciario.
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