La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes 6 de enero de 2026 el proyecto de ley que perfecciona la Ley 21.040, encargada de la creación del Sistema de Educación Pública. La propuesta, que recibió el respaldo tanto en general como en particular, tiene como objetivo central resolver los problemas de gestión y coordinación detectados en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
La reforma busca robustecer la Dirección de Educación Pública (DEP) y precisar el rol rector del Ministerio de Educación, otorgando herramientas que permitan una gestión administrativa y financiera más flexible. El proyecto ahora avanza a su tercer trámite constitucional en el Senado.
Ejes centrales de la modernización
El texto legal se articula en torno a cuatro pilares estratégicos diseñados para estabilizar el sistema educativo:
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Traspaso eficiente: Se amplía a dos años el plazo legal para el traspaso de servicios educativos y se establece la obligatoriedad de un Plan de Transición bajo responsabilidad de alcaldes y alcaldesas.
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Apoyo técnico-pedagógico: Se mejora la selección y la responsabilidad de los directores ejecutivos de los SLEP.
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Vinculación comunitaria: Se garantiza la creación de oficinas locales basadas en criterios de conectividad y distancia.
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Coordinación intersectorial: Se fortalecen las atribuciones de la DEP para prevenir crisis y conducir estratégicamente el sistema.
En este segundo trámite, se incluyeron mejoras significativas como la bonificación de zona para asistentes de la educación, un nuevo sistema de financiamiento para jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) y la posibilidad de traslado de docentes entre distintos Servicios Locales.
Debate y posturas en el Congreso
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió la propuesta señalando que no es fruto de la improvisación, sino de un diagnóstico técnico robusto y diálogo transversal. “No se busca parchar, sino impulsar soluciones concretas y articuladas, rompiendo fallas sistémicas”, afirmó el secretario de Estado.
No obstante, el debate no estuvo exento de críticas. Una de estas fue que el proyecto afecta el derecho de propiedad de los municipios, con el traspaso gratuito de los inmuebles, sin mediar pago alguno. Igualmente, se refutó que se impida a las municipalidades que han tenido un buen desempeño en la materia, mantener la tutela de sus establecimientos educacionales.
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