A partir de septiembre, la Cámara de Diputadas y Diputados aplicará una regulación orientada a transparentar el uso de inteligencia artificial en la labor legislativa. La medida rige para parlamentarios, funcionarios, asesores y colaboradores externos que operen con información o infraestructura institucional.
Esta norma responde a un protocolo de probidad y transparencia inspirado en directrices internacionales del Parlamento Europeo. Su objetivo central es garantizar que los sistemas algorítmicos sirvan únicamente como apoyo técnico, manteniendo la responsabilidad humana e indelegable en el ejercicio de la función pública.
Para visibilizar el grado de asistencia digital en proyectos, minutas e informes, cada documento deberá incorporar un distintivo gráfico o digital organizado mediante la siguiente clasificación:
- Sello verde: contenido redactado de forma tradicional, sin utilización de inteligencia artificial.
- Sello amarillo: documento confeccionado con un uso parcial de herramientas generativas.
- Sello rojo: texto elaborado con una presencia predominante o completa de automatización.
- Sello azul: material generado de manera automatizada y sin ninguna intervención humana.
Ante cualquier margen de duda sobre la categoría aplicable, el reglamento exige optar por la clasificación de mayor exigencia. Además, quienes recurran a estas plataformas deberán declarar su frecuencia de uso, ya sea ocasional, frecuente, sistemática o intensiva, para facilitar la gestión de riesgos y la capacitación interna.
Si bien la regulación autoriza la tecnología para comparar leyes, traducir o elaborar borradores preliminares, prohíbe su empleo en resoluciones sancionatorias, manejo de datos confidenciales o creación de contenidos manipulados.
Los órganos de control de la corporación velarán por el cumplimiento de estas normas de transparencia. En caso de que las faltas involucren directamente a un parlamentario, los antecedentes pasarán a la Comisión de Ética para la evaluación de posibles sanciones.
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