En el marco de la discusión parlamentaria sobre la modificación de la legislación que sanciona a los adolescentes que cometen delitos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reitera su condena a los hechos de violencia en que se han visto involucrados adolescentes y manifiesta que los delitos deben ser investigados y sancionados, tal como lo establecen las leyes que el país se ha dado.
UNICEF recuerda que es vital que todas las personas cuenten con espacios seguros donde
puedan desarrollar sus proyectos de vida, sin temor a ser víctimas de un delito.
UNICEF reconoce que el escenario actual puede ser una oportunidad para fortalecer el actual sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, considerando el funcionamiento del Servicio de Reinserción Social Juvenil, la coordinación intersectorial para una efectiva reinserción, que asegure rehabilitación del consumo de drogas, trayectorias educativas y el acompañamiento para la transición de la adolescencia a la adultez, incluyendo su incorporación al trabajo, entre las principales.
En esta línea, UNICEF recomienda considerar los siguientes antecedentes en el debate
parlamentario:
La legislación que tiene el país para sancionar a los y las adolescentes que cometen delitos a partir de los 14 años: la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, vigente desde 2007. Su objetivo es responsabilizar a los adolescentes por sus actos y lograr su efectiva reinserción. Esta iniciativa ha sido fortalecida por la Ley Nº21.527, que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el cual forma parte de la nueva
arquitectura institucional destinada a la protección de toda la niñez y adolescencia, a través del Sistema de Garantías creado por la Ley Nº21.430.
Los compromisos internacionales suscritos por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, define a los niños, niñas y adolescentes como un grupo vulnerable que requiere de la especial protección del Estado.
La evidencia con que cuenta el país en el ámbito penal adolescente, la que es abundante, seria y de gran calidad, y que es provista por instituciones que forman parte del Estado. En este sentido es importante destacar datos del SENAME, como la caída de la reincidencia a casi la mitad –pasando del 52% al 25,6% entre 2009 y 2020— y la constatación de que el 80% de los adolescentes que comete un delito no reincide en una conducta delictual. También es relevante recordar que, según datos del Ministerio
Público de 2025, el total de infractores adolescentes conocidos era un 6,5% del total de
infractores.
Garantizar que las iniciativas que se proponen apunten a disminuir la cantidad de adolescentes que cometen delitos. La evidencia internacional muestra que el aumento de penas no tiene un efecto disuasivo al momento de cometer un delito.
Favorecer normas que cuenten con evidencia en cuanto a la eficacia de sus resultados, como programas terapéuticos y de intervención familiar, así como programas de rehabilitación, y especialmente de justicia restaurativa, que tienden a generar mejores resultados a largo plazo que los enfoques punitivos.
Fortalecer las políticas de prevención, de manera de evitar que adolescentes comentan delitos, como la protección en contra de la violencia de niños, niñas y adolescentes, el apoyo a las familias en la crianza de sus hijos e hijas, retención escolar y acceso a servicios sociales, entre otros.
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