La disputa judicial entre Bad Bunny y su expareja, Carliz De La Cruz Hernández, dio un nuevo giro luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolviera que parte de la demanda presentada por la abogada podrá continuar su curso.
El máximo tribunal concluyó que existen fundamentos suficientes para seguir evaluando si el uso de la voz de De La Cruz en la reconocida frase "Bad Bunny, baby" vulneró sus derechos de imagen y los denominados derechos morales de autor.
No obstante, aclaró que esta decisión no significa que la demandante haya ganado el litigio, sino que el caso deberá volver al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para ser analizado en profundidad.
Los detalles de la resolución
En la resolución, redactada por la jueza asociada Mildred Pabón, se señala que la demandante presentó antecedentes suficientes para sustentar su reclamación, por lo que los tribunales inferiores erraron al desestimar esa parte de la demanda, recogió la agencia EFE.
El conflicto se remonta a 2015, cuando el artista urbano le pidió a De La Cruz que grabara el audio con la frase "Bad Bunny, baby".
Ocho años después, en marzo de 2023, la abogada presentó una demanda por 40 millones de dólares al asegurar que su voz fue utilizada comercialmente sin su autorización.
Los antecedentes presentados en la demanda contra Bad Bunny
Según los antecedentes del proceso, antes del lanzamiento de la canción "Dos Mil 16", representantes del artista intentaron llegar a un acuerdo económico con ella para utilizar nuevamente el audio. Sin embargo, De La Cruz rechazó una oferta inicial de 2.000 dólares y sostuvo que nunca dio su consentimiento para que la grabación siguiera siendo explotada comercialmente.
Pese a ello, la frase apareció en la canción publicada en 2022 y posteriormente fue utilizada en conciertos, campañas promocionales y otros contenidos vinculados al artista.
De acuerdo con la demanda, esta situación le provocó un impacto emocional que incluso la llevó a recibir atención psicológica.
Respecto a las canciones involucradas, el Tribunal Supremo hizo una distinción. Determinó que cualquier reclamación relacionada con "Pa ti", lanzada en 2016, ya prescribió por el tiempo transcurrido antes de que se iniciara la acción judicial.
En cambio, las alegaciones vinculadas a "Dos Mil 16" y al uso posterior del audio sí podrán seguir siendo discutidas en tribunales.
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