La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024, entre ellas la contratación de 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile.
Según el informe, seis de los contratados presentaron certificados de antecedentes con condenas por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas, mientras que en otros diez casos el INE no pudo acreditar que hubiera solicitado dicho documento.
El organismo fiscalizador también advirtió que más de 130 trabajadores no acreditaron los requisitos educacionales exigidos para sus cargos y que no se aplicaron multas por más de $131 millones a las empresas encargadas del reclutamiento.
Además, se detectó que el INE no pudo acreditar que 515 censistas realizaran efectivamente las labores por las que fueron remunerados, y que 267 personas prestaron servicios para el censo mientras mantenían contratos vigentes con otros organismos públicos, antecedentes que serán remitidos al Ministerio Público.
Entre otras observaciones, la Contraloría cuestionó pagos por arriendos y traslados sin justificación suficiente, además del almacenamiento por meses de miles de computadores y teléfonos adquiridos para el proceso censal.
Ante estos hallazgos, el organismo ordenó instruir un sumario administrativo, formuló un reparo por más de $315 millones y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su análisis.
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