La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados del 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), revelando una grave vulneración a la normativa de protección de menores en la administración del Estado.
Según el informe correspondiente al periodo 2025, se detectaron 35 personas que, a pesar de poseer una prohibición absoluta para trabajar con menores de edad, desempeñan funciones en instituciones públicas con contacto directo y habitual con niños, niñas o adolescentes (NNA).
El reporte profundiza en una problemática persistente: entre 2020 y agosto de 2025, se han identificado un total de 164 casos de personas inhabilitadas ejerciendo cargos públicos. La magnitud de la falencia administrativa alcanza a 72 instituciones estatales, las cuales omitieron la verificación de antecedentes requerida por ley antes de formalizar las contrataciones.
La normativa vigente, establecida en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, decreta la inhabilitación absoluta —ya sea perpetua o temporal— para cualquier individuo condenado por delitos de connotación sexual contra menores.
Es deber imperativo de toda institución pública consultar el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones previo a cualquier nombramiento. La CGR enfatizó que el incumplimiento de este paso administrativo no solo vulnera la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sino que compromete directamente la protección de los derechos fundamentales de la infancia.
Ante la gravedad de los hallazgos, el organismo fiscalizador dictó una serie de medidas de carácter urgente para las entidades involucradas:
-
Cese inmediato: Dar cumplimiento estricto a la normativa de inhabilidades, removiendo a los trabajadores detectados.
-
Procedimientos disciplinarios: Iniciar sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de quienes autorizaron dichas contrataciones.
-
Plazo perentorio: Las instituciones tienen un máximo de cinco días hábiles para reportar a la Contraloría las acciones correctivas implementadas.
Este informe reafirma el compromiso de la Contraloría con la fiscalización y la protección de la infancia, instando a todas las instituciones públicas a fortalecer sus mecanismos de control y garantizar el estricto respeto a la ley.
Ver Video
