La entrada en vigencia de la Ley N°21.713, de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, modernizó las facultades del Servicio de Impuestos Internos y, con ello, cambió la aritmética del riesgo: un error contable o tributario que antes tenía un costo calculable, hoy puede tener consecuencias más difíciles de anticipar.
El primer cambio es tal vez el más silencioso. El costo de pagar impuestos fuera de plazo dejó de ser fijo. El interés por mora ahora es variable y lo determina el Servicio de Impuestos Internos (SII) dos veces al año, en junio y diciembre, para el semestre siguiente. En un entorno así, atrasarse ya no tiene un precio conocido de antemano.
A lo anterior se suma el horizonte de revisión, es decir, el SII puede fiscalizar y cobrar impuestos con multas y cobros retroactivos que, según el caso, pueden alcanzar hasta tres años. Para una empresa mediana, un criterio contable mal aplicado y sostenido puede transformarse en una contingencia que se acumula ejercicio tras ejercicio, sin que nadie lo advierta hasta que llega la notificación.
“El problema de los errores tributarios es que rara vez se trata de un solo error grande; suele ser un criterio equivocado que se repite mes a mes. Cuando en el SII se encienden las alertas no hablamos de un solo mes, sino de años de inconsistencias. Ahí el costo se multiplica”, explica Claudia Valdés Muñoz, fundadora de BBSC, especialista en servicios contables y tributarios.
La ley también incorporó una figura que introduce un riesgo nuevo para las empresas: el denunciante anónimo. Quien colabore voluntariamente aportando antecedentes sustanciales sobre un delito tributario puede acceder al 10% de la multa que se aplique como resultado. En términos concretos, un colaborador molesto, un exsocio o alguien con acceso a la información interna pasa a tener un incentivo económico directo para reportar irregularidades.
Otro elemento, más operativo pero igual de relevante, es que las notificaciones del SII ahora se realizan preferentemente por correo electrónico. No mantener actualizado el correo registrado ante el Servicio puede significar enterarse tarde de una fiscalización y perder plazos valiosos para responder.
“Muchas empresas todavía tratan la contabilidad como un trámite: emitir, declarar, pagar. El cambio de fondo es que hoy la contabilidad es gestión de riesgo. La pregunta ya no es solo si están las declaraciones al día, sino si la empresa podría explicar y respaldar cada operación si mañana el SII se lo pide”, comenta la fundadora de BBSC.
Sin embargo, no todo es riesgo. La misma Ley 21.713 abrió una vía para las empresas que ordenan su cumplimiento: la certificación anual de sostenibilidad tributaria y los acuerdos de cooperación con el SII, un mecanismo alineado con las recomendaciones de la OCDE para construir relaciones de mayor confianza entre el Servicio y los contribuyentes. En febrero de 2026, el SII firmó su primer acuerdo de cooperación con un grupo empresarial bajo este nuevo marco.
Para Valdés, ahí está la oportunidad que las empresas medianas suelen pasar por alto. “Las organizaciones que hacen bien la tarea no solo evitan multas, también pueden aspirar a una relación de menor fricción con la autoridad. El punto es que ese camino se construye antes, con asesoría preventiva, no cuando ya llegó la citación”, aclara.
El mensaje de fondo, en un año en que el SII declaró a los grupos empresariales entre sus focos de fiscalización, es que el margen para la desprolijidad se estrechó. Y que, para una empresa mediana, la diferencia entre una contingencia costosa y una fiscalización sin sobresaltos suele decidirse mucho antes de que el organismo fiscalizador toque la puerta
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