Perder una vivienda subsidiada por el Estado no solo implica quedarse sin techo, sino también enfrentar graves consecuencias patrimoniales y legales. Emblemático es el reciente caso de una mujer en Arica, que devolverá $50 millones por no habitar el inmueble que adquirió con subsidio habitacional.
De acuerdo con la normativa del Serviu y el Minvu, los beneficiarios deben cumplir estrictamente con las condiciones de uso, ocupación y destino habitacional establecidas en el DFL N.º 2 de 1959 y sus reglamentos complementarios.
Entre los motivos más comunes que llevan a esta situación están:
- No habitar personalmente la vivienda
- Arrendar o vender antes del plazo legal de cinco años
- Usar el inmueble con fines comerciales
- Entregar información falsa durante la postulación
- Incumplir los pagos del crédito habitacional
En estos casos, se puede exigir la restitución total o parcial del beneficio, iniciar cobranza judicial e incluso inhabilitar al beneficiario para futuros subsidios. “Cuando el Serviu determina que hubo incumplimiento, las personas muchas veces se ven sobrepasadas por la deuda o desconocen cómo defenderse”, afirma Eduardo Lara, abogado del departamento de Asistencia Deudores del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, especializado en asesoría legal y administrativa para quienes enfrentan este tipo de procesos.
Aunque la recuperación de la vivienda no es automática, existen alternativas. Si el afectado logra pagar o repactar la deuda, o demuestra errores en el procedimiento administrativo, puede solicitar una rehabilitación o revisión de su caso. También es posible recurrir a herramientas judiciales, como la acción de protección o la nulidad de derecho público, cuando se vulneran garantías fundamentales.
“Contar con asesoría legal a tiempo puede marcar la diferencia entre perder una vivienda o conservarla”, explica Lara. “Muchos beneficiarios desconocen sus derechos y terminan aceptando cobros o sanciones que pueden ser revisadas o incluso revertidas”, puntualiza el profesional de Asistencia Deudores, que ofrece acompañamiento en defensas ante el Serviu, negociaciones o repactaciones de pago, recursos judiciales y capacitación en derechos habitacionales.
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