Escalofriantes detalles se han revelado sobre la planificación del sicariato familiar contra Ingrid del Carmen Barrera Rantul en Loncoche.
De acuerdo a la última información, la hija de la víctima, en compañía de su pololo, habrían buscado cómo matar a la mujer con veneno para ratones antes de optar por la contratación de un sicario.
En la formalización de los tres imputados, se indicó que la hija de la víctima y su pololo habrían planificado en conjunto el crimen, descartándose la versión inicial de la defensa que apuntaba a una participación no coordinada entre ambos.
La ejecución del plan
Según los antecedentes recopilados por TVN Red Araucanía, los adolescentes se habrían coordinado previamente en un recreo, posteriormente el pololo de la joven siguió con la planificación mediante mensajes de WhatsApp. En ese contexto, acordaron la participación del tercero, quien finalmente ejecutó el homicidio.
Si bien inicialmente se había informado que el monto pactado era de $60 mil, en el transcurso de la investigación el imputado que concretó el crimen declaró que se le ofrecieron $90 mil, recibiendo un adelanto de $30 mil. Sin embargo, el pololo de la víctima mantiene la versión de que el acuerdo fue por $60 mil.
El imputado que concretó el crimen incluso habría enviado una fotografía para confirmar la realización del hecho, según se expuso en la audiencia.
La planificación previa
La investigación también sostiene que la decisión de cometer el asesinato habría sido tomada aproximadamente dos meses antes del crimen, luego de que la madre de la adolescente amenazara con denunciar a la pareja por una falsa acusación de robo ante Carabineros.
No obstante, antes de recurrir a la contratación de un sicario, los adolescentes habrían buscado otras alternativas, incluyendo la posibilidad de envenenar a la víctima con veneno para ratas.
Medida cautelar
El tribunal decretó internación provisoria para los tres adolescentes involucrados en el caso, mientras se desarrolla la investigación.
El plazo fijado para la indagatoria es de cuatro meses, periodo en el que el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para esclarecer completamente la dinámica del crimen y la participación de cada uno de los imputados.

