Una explosión registrada durante una faena en San Pedro de la Paz dejó a un trabajador con graves secuelas físicas y un 95% de invalidez laboral. A casi siete años del accidente, la justicia estableció responsabilidades y ordenó el pago de una indemnización que supera los $380 millones.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada por el afectado y determinó que el contratista Sergio Mendoza y la empresa mandante Aguas San Pedro S.A. deberán responder por las consecuencias del accidente ocurrido en noviembre de 2019. Además, ambas partes fueron condenadas al pago de las costas del proceso.
El hecho se produjo en el sector Los Pioneros, mientras una retroexcavadora ejecutaba trabajos para abrir una zanja. Durante las labores, la maquinaria rompió una cañería subterránea de gas que no se encontraba señalizada, generando una fuga que posteriormente provocó una explosión y alcanzó directamente al trabajador que se encontraba en la excavación.
Las consecuencias fueron especialmente graves. El operario sufrió extensas quemaduras y debió ser trasladado de urgencia a la sección de grandes quemados del Hospital del Trabajador de la ACHS, en Santiago. Permaneció allí en coma inducido y riesgo vital durante cinco meses.
Su estadía en la unidad de pacientes críticos estuvo marcada además por tres infartos cardíacos. Las lesiones y secuelas derivadas del accidente llevaron a que se estableciera una incapacidad permanente conforme a la Ley 16.744, con un grado de invalidez laboral del 95%.
Falta de medidas de seguridad
En su resolución, la magistrada Ángela Hernández Gutiérrez descartó los argumentos de las defensas que buscaban atribuir el hecho a un caso fortuito. Según determinó el tribunal, la eventual ruptura de una tubería durante este tipo de trabajos constituía un riesgo propio de las labores que debía ser previsto y prevenido.
Entre los antecedentes considerados para establecer la responsabilidad se encuentra la ausencia de medidas preventivas por parte de Aguas San Pedro S.A. La empresa mandante no contaba con una matriz de evaluación de riesgos para intervenciones realizadas en la vía pública.
El fallo también estableció que no existían procedimientos de trabajo seguro ni una fiscalización efectiva de las labores desarrolladas por el contratista.
¿Cómo se divide la indemnización?
La sentencia fijó el monto total en $380.535.025, suma que se distribuye en tres conceptos:
- $180.000.000 por daño moral.
- $100.000.000 por daño emergente.
- $100.535.025 por lucro cesante.
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