Un nuevo procedimiento se realizó en el marco de la denominada "Operación Tokio", investigación que indaga una presunta red de lavado de activos asociada al Tren de Aragua.
Durante este martes, equipos de la Fiscalía Sur y la Brigada contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta una sucursal de BancoEstado ubicada en Santiago Centro, donde efectuaron un allanamiento para reunir antecedentes relacionados con la causa.
La diligencia se llevó a cabo luego de que se conociera que una de las personas imputadas mantenía un vínculo laboral con la entidad bancaria mediante una empresa externa.
Se trata de Rossana Magdalena Blanco Blanco, ciudadana venezolana, quien fue identificada durante la formalización de los 17 imputados vinculados a la organización criminal, luego de que su defensa entregara dicha información ante el tribunal.
Investigación apunta a presunta participación de funcionaria bancaria
Según los antecedentes expuestos en la investigación, Blanco Blanco es indagada por su presunta participación en extorsiones realizadas por la organización criminal, mediante el método conocido como cobro de “vacuna”, además de otros delitos asociados a la explotación sexual.
Pese a que hasta ahora no existen antecedentes que la vinculen directamente con movimientos de dinero de la banda, los equipos especializados realizaron la incautación de diversos elementos al interior de la sucursal bancaria, los que serán analizados como parte de la indagatoria.
La investigación también involucra a José Carlos Pérez Asencio, funcionario venezolano de Banco Santander, quien habría colaborado con movimientos financieros de la organización a través de distintas cuentas bancarias.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, la "Operación Tokio" permitió detectar presuntas operaciones de lavado de activos por más de $75 mil millones.
“Se ha logrado recopilar información clave para esclarecer la participación de personas dentro del sistema financiero que habrían colaborado con la banda criminal”, señaló el fiscal Barros, destacando la relevancia de los procedimientos realizados para establecer la estructura y alcance de la red.
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