La Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta y su unidad SACFI, formalizó a 22 personas detenidas el jueves pasado durante un amplio operativo policial dirigido en contra de organizaciones dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La investigación, realizada en conjunto con brigadas especializadas de la PDI, permitió desarticular varios clanes que habrían ejercido esta actividad al menos desde el año 2023, recuperando $86 millones en dinero en efectivo, joyas y otros bienes, como también documentación que permitiría acreditar un flujo económico ilícito que alcanzaría la cifra de $3.936 millones, considerando movimientos y operaciones financieras.
Además, se incautaron $252 millones en vehículos de alto valor y dos propiedades inscritas a nombre de los imputados y que habrían sido adquiridas con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Durante la extensa audiencia, todos los detenidos fueron formalizados por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación o promoción de la entrada al país con fines de prostitución, y asociación criminal para cometer los delitos antes mencionados.
De igual modo, a los imputados que corresponden a las cúpulas de estas organizaciones y algunos integrantes, se les comunicó que eran investigados por lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de activos, y una de las detenidas, además, por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Según se detalló en la audiencia, los imputados habrían formado parte de una estructura de origen transnacional, compuesta por varias agrupaciones criminales, articuladas como clanes, que operaban prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía el comercio sexual.
Cada uno de unos de los integrantes de estos clanes habría cumplido funciones específicas que incluían labores de captación y control de las mujeres explotadas, administración operativa, operadores logísticos, brazos operativos y testaferros para el ocultamiento de dinero.
De igual modo, se explicó que las víctimas explotadas por estas organizaciones habrían sido captadas en sus países de origen, o bien en Antofagasta, abusando de la situación de precariedad de las mismas, que muchas veces se encontraban en situación migratoria irregular y sin redes de protección o apoyo.
Al cierre de la audiencia, el Juzgado de Garantía de Antofagasta dispuso prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad para 21 de los imputados, mientras que una detenida quedó con arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de contacto con las víctimas. El plazo de investigación se fijó en cien días.
Ver Video
