La acción judicial se originó luego de que la trabajadora fuera desvinculada tras ser acusada de haber generado retrasos intencionales en el traslado de pacientes críticos. Sin embargo, el tribunal concluyó que la empresa no logró acreditar dichos hechos.
En su fallo, el juez Gonzalo Aguilera Chaparro advirtió la falta de sustento probatorio en la investigación interna, la cual —según se estableció— se basó en versiones de oídas de terceros, sin entrevistas formales a la afectada ni a otros integrantes del equipo que participaron en los procedimientos cuestionados.
Asimismo, se precisó que el testigo presentado por la empresa “no estuvo presente en dichos traslados referidos en la carta de despidos que habrían ocurrido con fechas 2 y 10 de diciembre del año 2024”.
Por el contrario, los compañeros de la enfermera que sí formaron parte de esos operativos indicaron no recordar situaciones irregulares, lo que terminó por reforzar la versión de la trabajadora ante el tribunal.
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