Con la llegada de la temporada de verano, la piscina se ha consolidado como el espacio de mayor fricción en edificios y condominios.
El auge de los arriendos de corta estadía ha generado un escenario complejo para los administradores, quienes enfrentan dificultades para gestionar el aforo, la seguridad y el cumplimiento de las normas básicas de convivencia debido a la alta rotación de ocupantes.
Este fenómeno se da en un contexto de fuerte impacto económico, donde plataformas como Airbnb reportaron ingresos laborales por cerca de $490.000 millones en Chile durante el último año. Sin embargo, para la vida en comunidad, el reto principal radica en la trazabilidad.
Según explica Rafael Escobar, CEO de Kastor, la falta de control sobre quién utiliza las instalaciones limita la capacidad de respuesta de la administración ante conflictos.
“Lo que afecta en la piscina no es solo ‘gente de más’: es falta de trazabilidad y de reglas aplicables. Si no sabemos quién ocupa la unidad, cuántas personas entran y quién responde, la administración queda sin herramientas y el conflicto se vuelve inevitable”, plantea Escobar.
Para enfrentar esta situación, el marco legal se ha robustecido. La Ley 21.442 y su reciente reglamento —aprobado en enero de 2025— establecen que las normas de copropiedad son obligatorias para todos los ocupantes, sin importar su título.
Esto faculta a las comunidades para exigir información actualizada de huéspedes y aplicar sanciones que, en enero de 2026, pueden alcanzar los $209.253 por una multa de 3 UTM, considerando que el valor de la unidad tributaria se sitúa en $69.751.
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