Frank Sauerbaum, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, entregó mayores detalles de la situación migratoria de José Carlos Pérez Asencio, el ejecutivo del banco Santander detenido como integrante del brazo extorsivo del Tren de Aragua.
Según explicó Sauerbaum, Pérez Asensio ingresó a Chile en 2018 y un año más tarde obtuvo una visa provisoria. Posteriormente, en 2023, consiguió la residencia definitiva y, en 2024, presentó una solicitud de carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones.
Sin embargo, la autoridad aclaró que el proceso no había concluido y que existían antecedentes que impedían el avance favorable de la solicitud.
"El ciudadano venezolano José Pérez Asencio ingresó a Chile el 2018, el año 2019 se le entregó una visa provisoria y el año 2023 consiguió la residencia definitiva. El año 2024 solicitó una carta de nacionalización que hasta el día de hoy estaba en trámite en el sistema de migraciones", señaló Sauerbaum.
El director agregó que la Policía de Investigaciones ya había informado antecedentes relacionados con un delito cometido por el ciudadano extranjero años antes de iniciar el trámite de nacionalización.
"La PDI ya había advertido respecto de un hurto que se había efectuado por parte de este ciudadano venezolano el año 2020. Por lo tanto, la carta de nacionalización, de todas maneras, no iba a prosperar, a pesar de haber pasado largo tiempo", sostuvo.
Asimismo, enfatizó que la obtención de la nacionalidad chilena está sujeta al cumplimiento de diversos requisitos legales y de conducta.
"La nacionalidad en Chile se entrega con una serie de condiciones y, obviamente, los antecedentes penales y criminales son considerados", afirmó la autoridad.
Pérez Asensio fue detenido durante un amplio operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur. De acuerdo con la investigación, el ejecutivo bancario habría tenido un rol clave en la presunta red de lavado de activos utilizada para mover recursos obtenidos mediante actividades ilícitas de una estructura asociada al Tren de Aragua. La indagatoria apunta al movimiento de más de $78 mil millones a través de distintas operaciones financieras y plataformas de criptomonedas.
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