La Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la votación en particular del proyecto de ley que busca prohibir y sancionar la maternidad subrogada en Chile.
La iniciativa plantea prohibir toda práctica que implique que una mujer geste uno o más niños con el objetivo de que sean entregados a un tercero tras su nacimiento, independientemente de si existe o no un pago, remuneración o promesa de compensación.
De acuerdo con la propuesta, este tipo de acuerdos serían contrarios a la dignidad y a los derechos de las personas que integran la familia, además de contribuir a la mercantilización de mujeres, niños y niñas.
En esa línea, la comisión aprobó una norma que excluye la maternidad por subrogación en cualquiera de sus formas. El texto establece que será nulo todo contrato sobre la gestación a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero.
Además, se dispone que la filiación de los hijos nacidos mediante gestación de sustitución será determinada por el parto, sin perjuicio de una eventual acción de reclamación de paternidad respecto del padre biológico.
Sanciones por intermediación y comercialización
Durante la tramitación, los parlamentarios también respaldaron disposiciones destinadas a sancionar penalmente la intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada.
Según el texto aprobado, quien intermedie entre una persona o pareja interesada en acoger a un niño y una mujer que acepte gestarlo para su posterior entrega será sancionado con presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 3 años y un día, además de una multa de 1.000 UTM.
La misma pena se aplicará a quienes realicen, organicen o publiciten la comercialización de embriones o de la maternidad subrogada.
En caso de que estas conductas se cometan de forma habitual o con ánimo de lucro, las sanciones aumentarán a presidio mayor en su grado mínimo y una multa de 5.000 UTM.
El proyecto también contempla sanciones para profesionales de la salud que, abusando de su oficio, intervengan en procesos de gestación asistida con el propósito de concretar una maternidad subrogada. En esos casos, se establece presidio mayor en su grado mínimo y multa de 5.000 UTM.
Finalmente, la iniciativa fija penas de presidio mayor en su grado medio a máximo, junto con una multa de 5.000 UTM, para quienes intermedien, organicen, realicen o publiciten esta práctica abusando de una relación de dependencia o de la situación de vulnerabilidad de la mujer, o induciéndola por inexperiencia o ignorancia a participar en un proceso de maternidad subrogada.
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