A 20 meses de la desaparición de María Ercira Contreras, quien fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024 en un restaurante ubicado en el Hotel Fundo Las Tórtolas, se dio a conocer que dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) están imputados en el caso por su presunta obstrucción a la justicia.
Según antecedentes recopilados por 24 Horas, existe una orden de la Fiscalía en la cual se pidió interrogar a estos dos policías debido a eventuales irregularidades en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad del recinto.
Las cámaras de seguridad del recinto
Según el informe al cual tuvo acceso 24 Horas acceso, los días 27 de agosto y 25 de noviembre de 2025 se tomó declaración a dos personas en calidad de testigo.
"El día 3 de julio de 2024 me encontraba trabajando en la Fiscalía local de Limache. No recuerdo exactamente en qué horario llega a la recepción de esta fiscalía el funcionario de la PDI. Me dijo que tenía una cadena de custodia para entregarme", sostuvo una funcionaria testigo de la Fiscalía.
La cadena de custodia a la cual se refiere la testigo son grabaciones de las cámaras del fundo, entregadas, según ella, de manera irregular por parte de los policías.
"La advertí inmediatamente que, si quería que le reciba la cadena de custodia, tenía que dejarme el disco duro también. Me dijo que no podía dejar el disco duro en la Fiscalía, ya que lo utilizan en la unidad policial, a lo que yo le respondí, 'oye, esto es una causa mediática'", agregó la mujer.
De acuerdo a lo expuesto por Nadia Mansilla, perito de video, el hombre llega "de forma irregular, no señala cuántas horas tiene. Como detectamos esto, pedimos acceso a esa cadena y ahí encontramos que esa cadena no tenía 24 horas de grabación, sino que 6 horas de grabación".
"Estos archivos pesaban varios gigas, más de 16 al menos, por lo cual le dejé avisado a ella, yo no firmé ningún documento como tampoco hice entrega en forma directa con algún funcionario de la PDI como tampoco de Carabineros", dijo el segundo testigo.
Claudio Muñoz, investigador criminalista - ceo forense, explicó que "la extracción o copia de estos antecedentes o estos videos a un computador ajeno a este dispositivo de almacenamiento claramente constituye una falla crítica en esta cadena de custodia".
Al respecto, la nieta de María Ercira, Carla Hernández, comentó que "si tuviéramos esas horas de grabación, quizás podríamos saber qué sucedió con mi abuela".
A raíz de estos hechos y de la extensa investigación es que además de los PDI citados a declarar por la Fiscalía, se suma a un tercer imputado: se trata de Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas.
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