El masivo ingreso de escritos judiciales atribuido a un solo abogado llevó al Comité de Jueces Civiles de Santiago a solicitar a la Corte Suprema una serie de medidas para evitar que se repitan episodios similares, entre ellas la prohibición del uso de inteligencia artificial en la presentación de documentos procesales mientras no exista una regulación sobre esta tecnología.
La petición surgió después de que los sistemas del Poder Judicial registraran una saturación provocada por el envío sistemático de escritos a tribunales de todo el país. De acuerdo con lo informado por Biobío, la situación afectó el funcionamiento de las plataformas informáticas y complicó la capacidad de respuesta de los funcionarios.
Un informe elaborado por el jefe del Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles (SITCI) reveló que, hasta la mañana del lunes 27 de julio, se habían contabilizado 38.477 escritos, lo que equivale a un promedio de entre 500 y 900 presentaciones por cada tribunal civil del país.
Frente a este escenario, el Comité de Jueces Civiles, presidido por la magistrada Rocío Pérez Gamboa, calificó lo ocurrido como un abuso del sistema y un "uso abusivo de las herramientas tecnológicas".
En el oficio enviado a la Corte Suprema, los jueces advirtieron que "Todo lo indicado, además de aumentar considerablemente nuestra carga de trabajo, influye en el clima de cada tribunal, toda vez que no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”.
Según los antecedentes, la masiva presentación de escritos se habría originado tras el término de la relación contractual del abogado con diversos clientes institucionales, entre ellos Banco Santander, Caja Los Andes, CAT Cencosud y Parques Cementerio.
A raíz de ello, los magistrados solicitaron al máximo tribunal "mantener restringido el acceso del abogado a la plataforma, pedirle un informe para evaluar eventuales responsabilidades disciplinarias e incluso penales, y adoptar una medida más amplia: prohibir el uso de inteligencia artificial para el ingreso de escritos mientras no exista una política institucional que regule su utilización".
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