Acción judicial por Azul Azul: Interponen querella criminal contra exdirectivos de Sartor por delitos económicos

La acción legal apunta a un esquema de "negociación incompatible" y "administración desleal" en el marco de la toma de control de la concesionaria de la Universidad de Chile. Se estima un perjuicio patrimonial superior a los $40.000 millones.

TVN.cl

Toesca S.A. Administradora General de Fondos, actuando como entidad liquidadora delegada de diversos fondos de inversión públicos de Sartor, interpuso una querella criminal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción se dirige contra ocho exdirectivos y gerentes, incluyendo a Pedro Pablo Larraín y Michael Clark, además de todos quienes resulten responsables.

Los delitos imputados

La querella califica los hechos como delitos económicos bajo la Ley N° 21.595, específicamente:

Negociación Incompatible: Infracción al artículo 240 N° 7 del Código Penal.
Administración Desleal: Infracción al artículo 470 N° 11 del Código Penal.

La trama financiera: El control de Azul Azul

Según el libelo, se habría utilizado una estructura de fondos públicos administrados por Sartor AGF para financiar la adquisición y mantención del control de Azul Azul S.A. en beneficio de sus propios directores.

El esquema se divide en varias fases clave:

Financiamiento Puente: Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024, fondos públicos (Sartor Leasing, Proyección y Táctico) inyectaron recursos a través de la sociedad "Inversiones Cerro El Plomo SpA" hacia el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport (FIPTS).
Adquisición: El FIPTS utilizó estos recursos para pagar USD 15,5 millones a Carlos Heller por el 63,07% de las acciones de Azul Azul en mayo de 2021.
El "Bono Bulla": En 2022 se estructuró un bono corporativo por UF 400.000 para prepagar créditos puente a entidades relacionadas con el Grupo Sartor, capturando los flujos provenientes de los derechos de televisión (Contrato TNT) de la ANFP.

El rol de Michael Clark y la compra de 2024

Uno de los hitos más recientes descritos ocurrió el 13 de diciembre de 2024, cuando Inversiones Antumalal Limitada (controlada por Michael Clark) adquirió el 90% de las cuotas del FIPTS. La querella destaca un conflicto de interés estructural, ya que Clark actuaba simultáneamente como director de la administradora vendedora, presidente de Azul Azul y controlador de la empresa compradora.

Además, se señala que el precio pagado (USD 0,9 por cuota) fue significativamente menor al valor de mercado ($219 frente a $550 por acción).

Perjuicio y fiscalización de la CMF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ya había sancionado a los exdirectivos con multas que suman 367.500 UF (aprox. $14.569 millones) e inhabilidades por cinco años por infracciones a la Ley de Única de Fondos y la Ley de Sociedades Anónimas.

Toesca sostiene que el perjuicio no es solo contable, sino que deriva de una "degradación de la posición patrimonial de los fondos", los cuales presentaban deudas no informadas con relacionados por más de $35.000 millones al cierre de septiembre de 2024. Auditorías de PwC y Deloitte establecieron un deterioro promedio del 67% sobre los activos del Fondo Leasing.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias propuestas, el querellante solicita citar a declarar a los imputados, oficiar a la ANFP por el Contrato TNT, y requerir información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas. También se pide investigar la reciente adquisición de acciones por parte de la sociedad Romántico Viajero SpA en enero de 2026.