Francisco Kaminski enfrenta demanda por más de $180 millones

El animador chileno Francisco Kaminski volvió a quedar en el centro de la polémica tras la presentación de una querella en su contra por una presunta estafa vinculada a la organización de la fonda “Doña Flor”, evento que estaba proyectado para realizarse en el Estadio de la Contraloría Andes, ubicado en la comuna de La Florida.

La acción judicial fue ingresada el pasado 2 de marzo por el empresario José Tomás Devlahovich, quien asegura haber sido convencido de sumarse como socio al proyecto y haber aportado una importante suma de dinero para su desarrollo.

Según informó The Clinic, en el escrito se sostiene que el perjuicio económico superaría los $180 millones. Por ello, el querellante pidió al Ministerio Público indagar los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales.

De acuerdo con la acción judicial, el vínculo comercial entre ambos se habría iniciado en junio de 2025, luego de que un conocido en común los pusiera en contacto con la intención de incorporar a José Tomás Devlahovich al proyecto de la fonda “Doña Flor”. 

Según el relato del empresario, decidió integrarse a la iniciativa tras recibir información de que el evento ya estaba en una etapa avanzada de planificación. Entre los antecedentes que se le presentaron, figuraba una parrilla artística con cerca de 25 músicos confirmados, además de la presencia de food trucks y un equipo de producción que ya estaría coordinando distintos aspectos logísticos.

En ese marco, sostiene que se le indicó que el animador Francisco Kaminski cumplía el rol de principal encargado de la organización y que el evento contaba con los permisos correspondientes para su realización.

Luego de sumarse a la iniciativa, José Tomás Devlahovich habría comenzado a efectuar distintos desembolsos vinculados a la organización del evento, incluyendo pagos destinados a artistas, proveedores y otros gastos operativos relacionados con la producción.

Según detalla la querella, una parte relevante de estos montos fue transferida desde su empresa Smart Foods hacia una sociedad llamada “Colena”, la cual estaría asociada a personas cercanas al animador Francisco Kaminski.

Solo a través de estas transferencias, el empresario asegura haber entregado cerca de $150 millones.

Asimismo, sostiene que también debió hacerse cargo de una deuda previa que Kaminski mantenía con la plataforma de venta de entradas Passline, con el objetivo de poder continuar con la planificación del evento.

Con el paso de las semanas y a medida que avanzaban los preparativos, el querellante asegura que comenzaron a surgir una serie de irregularidades en la administración del proyecto. Entre ellas, menciona supuestos cobros por sobre el valor real en contratos con artistas, discrepancias entre los presupuestos iniciales y los montos finalmente pagados, además de desembolsos a proveedores que —según afirma— no habrían sido debidamente justificados.

El punto de quiebre, sostiene, se produjo cuando la empresa Zertior, propietaria del recinto donde se realizaría la fonda y titular de la marca “Doña Flor”, comunicó que no tenía ningún tipo de contrato vigente con el animador Francisco Kaminski.

Tras sostener una reunión con representantes de la empresa, y en medio de la polémica por el caso del “Rey de Meiggs”, José Tomás Devlahovich asegura haber confirmado que no existía ningún acuerdo formal que vinculara al animador Francisco Kaminski con el recinto ni con la marca del evento. En concreto —según afirma— nunca se firmó un contrato de arriendo ni se otorgó una autorización para utilizar el nombre “Doña Flor”.

A raíz de esta situación, el empresario decidió iniciar conversaciones directas con la empresa Zertior con el fin de evitar que el evento fuera suspendido. Finalmente, la compañía aceptó arrendar el recinto y permitir el uso de la marca, lo que incluso se reflejó en comunicados públicos en los que se buscó dejar en claro que Kaminski no tenía relación con la organización del espectáculo.

De acuerdo con el documento presentado ante la justicia, el daño económico alcanzaría al menos los $180 millones. Esta suma considera tanto la inversión inicial como otros gastos que debieron realizarse posteriormente para poder sostener la realización del evento.

En ese contexto, el querellante pidió al Ministerio Público indagar los hechos y establecer posibles responsabilidades penales, no solo de Kaminski, sino también de otras personas que aparecen mencionadas en la causa.