“Bicicleta financiera”: la peligrosa práctica que pone en jaque a miles de pymes en Chile
El uso transitorio o permanente de fondos destinados a obligaciones tributarias o previsionales para garantizar el funcionamiento de una empresa, puede tener gravísimas consecuencias. Abogado explica sus implicancias legales, riesgos y mecanismos de solución.
Lunes 13 de julio de 2026
En el complejo escenario económico actual, muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes) enfrentan severos problemas de liquidez. Debido a esto, una práctica ha encendido las alarmas en el sector legal y financiero: la retención de fondos correspondientes al IVA y a las cotizaciones previsionales de los trabajadores.
Expertos advierten que esta medida, lejos de ser una solución temporal, representa un peligro real que puede destruir una empresa y el patrimonio de sus dueños de la noche a la mañana.
Para Eduardo Lara, abogado del Estudio Jurídico Alfaro y Madariaga (EJAM), la acción de “bicicletear” con los fondos previsionales e impuestos es de suma gravedad. “No estamos ante un simple retraso comercial con proveedores o instituciones financieras”, indica.
“Retener estos dineros de forma indebida transita rápidamente desde la esfera administrativa de sensación de falso control hacia la responsabilidad tributaria e incluso penal, configurando posibles delitos económicos y figuras de apropiación indebida”, explica el experto. De este modo, “se puede llegar a consecuencias tan extremas como la pérdida del negocio e inclusive el patrimonio total en un abrir y cerrar de ojos”.
Crisis real versus estrategia permanente
Si bien este método es bastante usado por las Pymes nacionales, hay que diferenciar entre aquellas que lo utilizan como un acto de supervivencia al límite y las que lo implementan como una estrategia constante.
En palabras de Lara, la principal diferencia radica en su origen. “La primera se refiere a una crisis transitoria asociada a, por ejemplo, caída temporal de ventas, retraso en pagos de grandes clientes, entre otras, siendo aquí la solución la inyección de liquidez o convenios de corto plazo. Mientras que aquellas que caen en esta práctica de caja de manera permanente, “están ocultando una inviabilidad estructural de su modelo de negocios”.
Para estas últimas, “hacer la bicicleta financiera” es una droga adormecedora que solo agranda la deuda de forma exponencial, “haciendo inevitable un colapso mayor que incluye posibles responsabilidades penales por falta de estrategia o desconocimiento legal”, afirma el abogado de EJAM.
Consecuencias y herramientas legales
A nivel judicial, los efectos que enfrenta una pyme que mantiene deudas con las AFP o el Servicio de Impuestos Internos son múltiples. Desde solicitudes de embargo sobre cuentas corrientes y bienes físicos de la empresa, hasta juicios de cobranza laboral ejecutiva automáticos por parte de las administradoras de fondos y órdenes de arresto en contra del representante legal, al que no le permitirán salir o entrar al país sin antes irse detenido.
En tanto, el SII a través de la TGR, “puede igualmente embargar cuentas corrientes o bienes, incluso con mayores atribuciones que van desde restringir o bloquear la emisión de facturas electrónicas hasta embargar facturas ya emitidas a clientes, paralizando la operación comercial por completo”, aclara Eduardo Lara.
Por el lado financiero, las consecuencias se reflejan en intereses penales acumulativos mensuales, pérdida de acceso a licitaciones y capitales de trabajo, además de reajustes y multas severas que hacen casi impagable una deuda que en principio es abordable.
Para evitar lo anterior, el marco legal chileno provee salidas institucionales efectivas, siempre y cuando se actúe de manera preventiva. En ese sentido, el abogado del Estudio Jurídico Alfaro y Madariaga propone las principales alternativas:
- Convenios con la TGR: Acuerdos de pago diferido con la Tesorería que incluyen la condonación sustancial de intereses y multas vigentes, premiando la menor antigüedad de la deuda.
- Convenios de pago previsional: Suscripción de acuerdos de reconocimiento y pago de deuda con las respectivas AFP para frenar de inmediato las acciones judiciales y órdenes de arresto.
- Reorganización Simplificada: Un mecanismo bajo la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento diseñado especialmente para micro y pequeñas empresas. Otorga protección financiera concursal, suspendiendo temporalmente los pagos, juicios y embargos mientras se reelabora un plan de pago viable con los acreedores.