El Código Penal local fue modificado con el fin de sancionar a trabajadores del servicio público que filtren documentos relacionados a procedimientos penales.
Mediante una reforma al Código Penal local de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso, ahora los servidores públicos que den a conocer información reservada o documentos confidenciales de procedimientos penales, podrán arriesgar años en la cárcel.
El dictamen, conocido como "Ley Ingrid", implica incluso que servidores públicos podrían enfrentar penas de prisión de entre dos a seis años y una multa que va desde las quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.
El nombre de la ley surgió a raíz de la difusión de detalles del femicidio de Ingrid Escamilla, mujer mexicana que fue asesinada el 9 de febrero de 2020 en manos de su pareja, Erick Francisco Robledo. El contenido, que fue ampliamente difundido por medios y redes sociales, terminó por "espectacularizar" el crimen, y con ello, motivando la creación de esta ley.
En específico, se castigará a aquel funcionario de la nación que "difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimientos penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la ley como delitos".
Además, la pena aumentará en caso de que se descubra que la filtración de la información se haga con la finalidad de menoscabar a la víctima, su dignidad o la de sus familiares.
También, será mayor en caso de que involucre cadáveres de niñas, adolescentes o mujeres, o que tengan que ver con los detalles de su muerte, lesiones sufrida o del estado actual de salud.