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Miércoles 18 de noviembre de 2026
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Informe detalla que las jurisdicciones de Santiago y San Miguel agrupan cerca del 38% de los registros vigentes a nivel nacional.
Jueves 19 de noviembre de 2026
A cuatro años de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, los tribunales de familia han ordenado pagos que superan los $3,88 billones ($3.885.443 millones), según el balance presentado este miércoles por el Poder Judicial.
El informe destaca el rol clave de los mecanismos de cobro introducidos en 2023 mediante la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo. En concreto, el procedimiento extraordinario —que permite retener fondos de capitalización individual en las AFP— concentra aproximadamente el 78,8% del total de los montos ordenados, alcanzando los $3.063.238 millones (en beneficio de 307.734 representantes legales). En tanto, el procedimiento especial sobre cuentas bancarias e instrumentos financieros suma otros $822.205 millones.
Pese al sostenido incremento en las órdenes judiciales respecto a años anteriores, las cifras evidencian importantes obligaciones pendientes. Al 17 de noviembre de 2026, el registro mantenía 376.644 inscripciones vigentes (de un total histórico de 728.700, tras 352.056 cancelaciones por pago o acuerdo), mientras que las causas activas acumulaban una deuda de $54.833 millones.
Por zonas, las jurisdicciones de Santiago (81.800) y San Miguel (62.057) concentran cerca del 38% de los registros vigentes a nivel nacional, seguidas por Valparaíso (39.806) y Concepción (32.650).
Durante la presentación del balance, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, valoró el impacto de la normativa, aunque advirtió sobre la sobrecarga laboral en los tribunales de familia y la brecha pendiente entre los montos decretados y los efectivamente transferidos a las familias. “Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente”, concluyó la autoridad.