En medio de una de las mayores crisis de confianza del Poder Judicial en los últimos años, la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, fue suspendida de sus funciones por un mes, mientras se desarrolla una investigación disciplinaria por su eventual responsabilidad en la liberación del sicario acusado de participar en el asesinato de José Felipe Reyes Osa, conocido como el "Rey de Meiggs".

Rodríguez, quien lleva 27 años en el Poder Judicial y al menos ocho como jueza titular en su actual tribunal, fue quien lideró la audiencia del pasado 9 de julio, donde se formalizó a tres ciudadanos venezolanos por homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas.

La jueza Rodríguez rompió el silencio este domingo, asegurando estar tranquila, negando haber recibido amenazas o presiones, y reafirmando su vocación por el servicio judicial.

"Nunca he sido amenazada ni por crimen organizado, ni por nadie en especial, ni por un grupo chico, ni por alguien individual. Yo nunca he sido amenazada, nunca, ni yo, ni mi familia, gracias al universo", comentó la jueza Rodríguez. 

El caso ha reabierto un debate profundo sobre la transparencia, la burocracia y la eventual penetración del crimen organizado en el sistema judicial.