Un pacto real para cuidar los conciertos en Chile

Santiago de Chile se consolidó en los últimos 20 años como una parada fija en el circuito de las giras mundiales. Los artistas más cotizados no miran la región sin marcar nuestra capital en sus mapas, incluso con población significativamente menor a la de Brasil y Argentina, los clásicos puntos de referencia en Sudamérica.

Sin embargo, mientras la demanda del público y el estatus cultural del país juegan en las ligas mayores, nuestra infraestructura para espectáculos masivos sigue estancada en un déficit que obliga a la improvisación.

El reciente debate en torno al rechazo del ministerio del Deporte a usar el Estadio Nacional para BTS vuelve a revelar una crisis profunda: no tenemos dónde meter la música de gran escala. Pero reducir este problema a una simple disputa de "deporte versus cultura" o "Estado versus productoras" es un análisis miope.

Es legítimo que la autoridad busque priorizar la actividad atlética de recintos hechos para eso, pero no se puede ignorar la realidad construida en estos años: la música en vivo es una industria que impulsa la economía, impactando positivamente en el turismo, la hotelería, el transporte, el consumo y hasta en la salud mental de la población. El problema es demasiado complejo para seguir sin atenderlo.

Santiago cuenta con recintos cerrados de primer nivel para aforos medianos, pero el salto de las 20.000 a las 60.000 personas es un vacío abismal. Ni que decir del lamentable panorama en regiones. La única salida sostenible es impulsar una política real de alianzas público-privadas (APP) orientada a la creación de infraestructura multipropósito para grandes eventos.

Chile ha sido pionero en la región en el modelo de concesiones para autopistas y aeropuertos; es momento de aplicar esa misma capacidad de gestión a la infraestructura cultural y de entretenimiento, que ha probado reiteradamente el éxito de su convocatoria y cadena de valor.

Un modelo de esta naturaleza permitiría al sector privado financiar, construir y operar recintos modernos bajo estándares internacionales, mientras que el Estado aseguraría un porcentaje de uso anual para eventos comunitarios, deportivos y culturales sin costo para las arcas públicas. Ganaría la conservación de los espacios deportivos tradicionales, la seguridad de los ciudadanos, mientras el país consolida el lugar de relevancia global que tanto costó conseguir.

Seguir estirando la elasticidad del Estadio Nacional, o exponiendo al público en lugares que jamás han estado acondicionados para una buena experiencia (Club Hípico, Santa Laura, por poner algunos ejemplos) terminará afectando a largo plazo la agenda de la industria y sobre todo, las expectativas de los fans, cuyo entusiasmo y lealtad merecen un pacto de todos los actores involucrados, que eleve de una vez y para siempre el nivel de la música en vivo.