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Martes 10 de noviembre de 2026
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Frente al debate por la propuesta del Gobierno para postergar la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 a diciembre de 2027, especialistas instan a no pausar los planes de adecuación en la gestión de datos sensibles de los trabajadores.
Martes 10 de noviembre de 2026
Luego de que el Ejecutivo ingresara un proyecto de ley para extender por doce meses el plazo de implementación de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, proponiendo mover su entrada en vigor hasta el 1 de diciembre de 2027, para consolidar la marcha de la Agencia de Protección de Datos, el sector corporativo enfrenta el reto de cómo gestionar este tiempo extra.
Desde Workera, compañía especialista en soluciones de control de asistencia y gestión laboral con una plataforma que abarca a más de 285.000 trabajadores activos en más de 12.000 empresas cliente, destacan que un eventual aplazamiento en el calendario de fiscalización no debe interpretarse como una pausa en la preparación técnica ni en el resguardo de la información sensible del personal. Al mismo tiempo, aclaran que la nueva legislación no prohíbe el uso de tecnologías como la huella digital o el reconocimiento facial para el registro de jornada.
Sin embargo, al clasificarlos como datos personales sensibles, impone a las organizaciones tres condiciones estrictas, las que son obtener el consentimiento explícito e informado del trabajador, definir una finalidad clara y aplicar medidas de seguridad reforzadas en su almacenamiento.
Al respecto, Macarena Molina, Head of Product de Workera, analiza el impacto operativo de la normativa: "La ley no prohíbe la biometría; exige que el trabajador decida. El verdadero riesgo legal y operacional para las compañías surge si un colaborador no otorga su consentimiento o decide no exponer su información biométrica, ya que la empresa está obligada por la legislación laboral a seguir registrando su jornada. Con Workera, quien no consiente sigue marcando con normalidad gracias a nuestros sistemas alternativos, mientras la empresa conserva el respaldo digital de cada consentimiento en la misma plataforma".
Para garantizar el cumplimiento normativo sin interrumpir la continuidad operativa ni sobrecargar a los equipos de Recursos Humanos, Workera sugiere abordarlo desde dos ejes:
En colaboración con el estudio jurídico Fernández Yuraszeck Abogados, Workera aconseja a las empresas abordar una hoja de ruta con medidas inmediatas, como por ejemplo, realizar un diagnóstico de madurez de los procesos de datos, levantar un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), capacitar al personal y revisar los contratos de trabajo y proveedores.
"Delegar todo el cumplimiento en el proveedor es un error frecuente; el titular y responsable de los datos ante la ley sigue siendo la empresa. Por ello, nuestro compromiso es entregar la tecnología que automatice tanto la seguridad del dato como las alternativas de marcaje y el respaldo del consentimiento, facilitando que las organizaciones cumplan con la ley de forma transparente y sin fricciones", concluye Molina.