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Aprueban beneficio para compensar IVA de pañales y medicamentos: quiénes podrían recibirlo
La iniciativa contempla una bonificación mensual para personas que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y avanza ahora al Senado para continuar su tramitación.
La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos, iniciativa que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.
El proyecto contempla una bonificación mensual destinada a compensar el IVA pagado por la adquisición de estos productos, con un límite que será determinado considerando canastas de consumo referenciales, las que deberán ser establecidas posteriormente mediante reglamento.
¿Quiénes podrían recibir el beneficio por pañales y medicamentos?
De acuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara, el beneficio estaría dirigido a personas pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
Los potenciales beneficiarios se dividirían en tres grupos:
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Madres, padres, representantes legales o cuidadores de niños y niñas de hasta 24 meses.
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Personas mayores de 65 años que presenten determinadas condiciones de salud, las que serán definidas en el reglamento.
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Personas con discapacidad mayores de 24 años y menores de 65, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que además presenten alguna de las condiciones de salud que establezca el reglamento.
¿Cuánto dinero podría significar?
Según explicó el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, el beneficio podría representar hasta $200.000 anuales para una familia, dependiendo de las condiciones y límites que finalmente establezca la normativa.
La propuesta surgió a partir de una iniciativa planteada por el PDG al Ejecutivo, en el marco del proyecto de Reconstrucción Nacional.
Ahora, el proyecto deberá ser analizado por el Senado, donde continuará su proceso legislativo antes de que pueda convertirse eventualmente en ley, con un costo fiscal cercano a los US$100 millones durante su primer año de implementación.