Sueldos millonarios en Azul Azul: Cecilia Pérez y otros directivos quedan bajo la lupa

Nuevos antecedentes revelados por el periodista Fernando Agustín Tapia reabren las interrogantes sobre la gestión de Azul Azul, la concesionaria que administra a Universidad de Chile. Las remuneraciones de sus principales directivos forman parte de los antecedentes que están siendo revisados por la Fiscalía.

Según lo expuesto por el profesional en Radio Pauta, entre los antecedentes entregados por la concesionaria figuran pagos millonarios a Michael Clark, Cecilia Pérez y Cristián Aubert durante distintos períodos de sus respectivas gestiones.

De acuerdo con las cifras difundidas, Michael Clark habría recibido un total bruto de $409.518.147 por sus funciones como director ejecutivo entre febrero de 2024 y abril de 2026. Además, desde 2025 su remuneración mensual habría alcanzado los $14,3 millones.

En el caso de Cecilia Pérez, los montos informados corresponderían a cerca de $90 millones brutos por su labor como directora de Asuntos Públicos entre febrero de 2024 y abril de 2026, además de otros $74 millones brutos por su desempeño como directora ejecutiva entre mayo y septiembre de 2026.

Por su parte, Cristián Aubert habría percibido $272 millones brutos como director ejecutivo entre octubre de 2021 y julio de 2022. A esa cifra se sumarían $45.861.000 brutos por sus funciones como asesor comercial entre febrero y septiembre de 2026.

Los antecedentes solicitados por la Fiscalía

La investigación también contempla antecedentes relacionados con los costos operacionales de los partidos y los estados financieros de la concesionaria. Según lo informado, la Fiscalía solicitó información sobre remuneraciones correspondientes al período 2021-2026, además de los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 y datos vinculados a los gastos de organización de los encuentros deportivos.

Azul Azul habría respondido a estos requerimientos el pasado 9 de octubre de 2026.

Los antecedentes se enmarcan en una investigación que busca esclarecer eventuales irregularidades en la administración de la sociedad. Entre las materias mencionadas figuran posibles cuestionamientos a la gestión, negociaciones y entrega de información al mercado.

Por ahora, las cifras y los eventuales ilícitos deben entenderse como antecedentes difundidos en el marco de la investigación, y no como una acreditación de responsabilidades penales. La determinación de posibles infracciones dependerá de las diligencias y conclusiones de las autoridades competentes.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio la administración de Azul Azul y abre nuevas preguntas sobre las remuneraciones de sus directivos, el manejo de los recursos y los mecanismos de control dentro de la concesionaria de Universidad de Chile.